En abril de 2018, Ciudad del Cabo —la segunda ciudad más grande de Sudáfrica, sede de cinco millones de personas— estuvo a setenta y cuatro días de cerrar el grifo. La gente cargaría su agua diaria en garrafones desde puntos de distribución militarizada.
Lo llamaron el Día Cero. No llegó, por milagro climatológico y por racionamiento extremo. Pero el ensayo general ya se hizo. Y el guion no se cambió: lo que pasó en Ciudad del Cabo va a repetirse —ya se está repitiendo— en Chennai, Ciudad de México, São Paulo, Sídney, Phoenix, Teherán, Bogotá.
Hay una conversación pública que llevamos casi un siglo evitando. No es si habrá conflictos por el agua. Es cuándo, dónde y bajo qué reglas se va a repartir lo que queda. Y, sobre todo, quién va a quedarse con la parte grande.
La cifra
Los datos son sencillos y no admiten discusión técnica. La Organización Mundial de la Salud estima que dos mil millones de personas viven en países con estrés hídrico severo. Cuatro mil millones experimentan escasez al menos un mes al año.
Para 2030 —dentro de cuatro años— la demanda global de agua dulce excederá la oferta sostenible en un 40%. Cuarenta por ciento.
No es escasez absoluta. El planeta tiene la misma cantidad de agua que hace diez mil años. Lo que cambió es cómo la usamos, dónde se concentra la demanda y qué porcentaje de ese ciclo se contamina antes de poder reutilizarse. El agua ya no falta: el agua se usa mal.
¿Mercancía o derecho?
Aquí la filosofía debe pronunciarse, porque la línea está dibujada hace tiempo y casi nadie la nombra. ¿El agua es mercancía o es derecho? La pregunta no es retórica: tiene consecuencias jurídicas, fiscales y morales muy distintas según se responda.
Si es mercancía, va al mercado, y el mercado la asigna al mejor postor. Si es derecho, va a una arquitectura institucional que la reparte por necesidad, no por capacidad de pago. Las dos opciones son honestas; la mayoría de los gobiernos contemporáneos pretenden hacer ambas a la vez, y el resultado es la peor versión de ambas.
John Locke, en el Segundo tratado sobre el gobierno civil, sostuvo que el agua es uno de los pocos bienes que, por su abundancia natural, debían quedar fuera del régimen de propiedad privada.
Tres siglos después, Vandana Shiva, en Las guerras del agua, llamó a eso mismo desde el otro lado del mundo: el agua, como el aire, no admite propietarios sin que se desfigure el contrato social.
Cuatro frentes
El conflicto del agua no es uno: son cuatro, simultáneos, ya activos en distintas geografías:
Agricultura contra ciudades. La agricultura consume el 70% del agua dulce mundial. Cuando una ciudad se queda sin agua, lo que se discute es si quitársela al campo. Lo discuten Israel y Jordania, California y Arizona, Pakistán y la India.
Cuenca aguas arriba contra aguas abajo. Etiopía construye la Gran Presa del Renacimiento; Egipto reclama que le secan el Nilo. Turquía retiene el agua del Tigris y el Éufrates; Irak e Irán se quedan sin caudal. Cada cuenca compartida es una negociación geopolítica congelada.
Capa freática contra superficie. Los acuíferos profundos —agua acumulada durante decenas de miles de años— se están bombeando a tasas que exceden su reposición. Cuando se acaban, no se reponen en escalas humanas. India, Estados Unidos, México, el norte de África están vaciando sus reservas de fondo.
Sector público contra sector privado. Nestlé, Coca-Cola, Pepsi y un puñado de embotelladoras concesionan, en muchos países, manantiales completos a precios irrisorios y los revenden en botella a quince mil veces ese costo. Es legal. También es escandaloso.
El agua como sujeto
Hay un movimiento jurídico interesante creciendo en silencio. Ecuador, en su Constitución de 2008, reconoció derechos a la naturaleza. Nueva Zelanda, en 2017, otorgó personalidad jurídica al río Whanganui, a petición del pueblo maorí. India hizo lo mismo con el Ganges y el Yamuna ese mismo año. Bangladés siguió en 2019.
La idea es contraintuitiva pero potente: si un río puede ser representado legalmente por humanos que actúan en su nombre, su agua deja de ser objeto de saqueo y se vuelve sujeto con voz en los tribunales.
Cuando una empresa contamina ese río, no contamina un recurso: agrede a un sujeto reconocido. La diferencia conceptual es pequeña; la diferencia procesal es enorme.
¿Qué nos toca?
La conversación sobre agua suele resolverse pidiéndole al ciudadano que cierre la llave mientras se lava los dientes. Está bien, no estorba. Pero el ciudadano promedio consume entre 100 y 200 litros diarios; una hectárea de aguacate para exportación, alrededor de un millón de litros al año; un campo de golf, cinco millones. Hablar solo del cepillo es, otra vez, despiste.
Hay tres frentes donde la presión ciudadana sí cambia algo. Primero, votar contra concesiones leoninas a embotelladoras —son contratos públicos, son auditables, son revocables—. Segundo, exigir que los planes de desarrollo urbano incluyan límites hidrológicos como condición de licencia.
Finalmente el tercero, apoyar mediante consumo informado a la agricultura local con bajo requerimiento hídrico, no a las exportaciones de cultivos sedientos.
Conclusión
El agua no es un tema ambiental: es un tema constitucional. Reparte el poder de quien la tiene contra el de quien no. Define cuáles ciudades sobreviven y cuáles colapsan en las próximas décadas. Y, sobre todo, decide qué tipo de derecho civilizatorio elegimos: el del mejor postor o el de la pertenencia común.
La civilización que invente cómo repartir un bien escaso sin disolver el contrato social va a sobrevivir mejor al siglo XXI que la que se aferre a la ficción del mercado libre aplicada a algo que ningún humano produce. El agua no se manufactura. Solo se transforma —para bien o para mal—.
Quienes la administren con sabiduría administrarán también las próximas paces. Quienes la administren con codicia administrarán las próximas guerras. Como reza el proverbio: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve correr cuesta abajo.