Un patrón histórico en América Latina
Cada tantos años, en algún país de América Latina, un presidente popular descubre que el Poder Judicial le estorba y propone una reforma. La justifica con argumentos razonables: democratizar la carrera judicial, eliminar privilegios, acercar la justicia al pueblo. La reforma se aprueba; al año siguiente, se descubre que ahora el Poder Judicial responde, en buena medida, al Ejecutivo.
Argentina lo intentó con Cristina Kirchner. Bolivia lo hizo con Evo Morales. México lo hizo en 2024-2025 con la elección popular de jueces. El patrón es histórico, predecible y, sin embargo, repetible. Conviene entender por qué.
El principio de la separación de poderes
Montesquieu, en El espíritu de las leyes, escribió en 1748 una frase que debería estar enmarcada en la entrada de cualquier Congreso: “para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder limite al poder”.
La intuición es vieja pero clara: ninguna persona, ningún partido, ninguna mayoría parlamentaria debe poder mover los tres poderes al mismo tiempo. El equilibrio no es elegancia constitucional; es protección del ciudadano frente al gobierno —incluido el gobierno que el ciudadano votó—.
El problema con la reforma populista del Poder Judicial es que invierte ese principio. Lo presenta como democratización porque añade voto.
Pero el voto popular no es el único mecanismo democrático: hay también la deliberación, la separación de poderes, la profesionalización, la independencia institucional. Una democracia plena los necesita todos. Convertir al juez en figura electa es, paradójicamente, debilitar la democracia que dice fortalecerse.
Las advertencias de Tocqueville y la imparcialidad judicial
Tocqueville, en La democracia en América, observó algo análogo en el siglo XIX: en estados norteamericanos donde los jueces eran electos por voto popular, las decisiones judiciales tendían a alinearse con la mayoría política del momento.
Ahí donde había mayoría conservadora, los jueces se volvían conservadores; donde había mayoría progresista, progresistas. La justicia perdía la función específica que tiene en el sistema: contradecir a la mayoría cuando la mayoría se equivocaba.
Hay un dicho mexicano que ilumina la cuestión: “el peor juez es el que se siente parte”. El juez electo, por la dinámica misma de su elección, se siente parte.
Le debe el cargo a la coalición que lo llevó a la boleta y a la base de votantes que lo eligió. La independencia, en ese marco, requiere una virtud heroica que no se le puede pedir sistemáticamente a personas concretas.
Diagnóstico del Poder Judicial previo y la prisa legislativa
¿Significa esto que el Poder Judicial mexicano previo a 2024 era ideal? No. Tenía problemas serios y bien documentados: nepotismo, corrupción focalizada, lentitud, inaccesibilidad económica para el ciudadano de a pie.
Esos problemas son reales y siguen siéndolo. Pero la reforma de 2024-2025 no los resolvió: los reemplazó con otros, posiblemente más graves a mediano plazo.
Ronald Dworkin, filósofo del derecho, escribió en El imperio de la justicia que “los jueces son los profetas que mantienen viva la promesa del derecho”. La metáfora es generosa pero útil.
Lo que distingue al juez del legislador no es la opinión sobre lo justo: es la obligación de fundamentar cada decisión en la coherencia con el cuerpo legal preexistente. Esa obligación requiere formación, tiempo, distancia, soledad institucional. Ninguna de esas condiciones se favorece con la elección popular.
Hay un proverbio inglés que viene a cuento: “haste makes waste” —la prisa produce desperdicio—. La prisa con que se reformó el Poder Judicial mexicano, sin debate técnico serio, sin transición gradual, sin evaluación previa de modelos comparados, va a producir desperdicio durante una década.
Sentencias mal fundadas, jurisprudencia errática, presión partidista en casos sensibles. La calidad institucional cuesta años en construirse y semanas en destruirse.
Tres acciones posibles ante la reforma vigente
¿Qué se puede hacer ahora, dado que la reforma ya está vigente? Aquí, tres movimientos posibles.
Primero, blindar lo que aún se puede blindar.
La Suprema Corte mexicana ya electa puede, mediante acuerdos generales, autoimponerse estándares de fundamentación, plazos, y publicidad de votaciones que mitiguen el riesgo de captura partidista. No es solución óptima; es contención mínima.
Segundo, fortalecer alternativas a la judicialización.
Mediación, arbitraje, defensoría pública con presupuesto serio, justicia comunitaria con marco legal claro. Si el Poder Judicial está debilitado, el sistema completo de resolución de conflictos requiere otros canales que descarguen presión.
Tercero, evaluar empíricamente.
Que cada año, una institución académica independiente publique un informe sobre la actividad de los nuevos jueces electos: tiempo promedio de sentencia, tasa de revocación en instancias superiores, alineación voto-decisión, presencia en redes sociales. Sin datos, no hay debate público posible. Con datos, la conversación se hace adulta.
La paradoja democrática y el peligro del autoritarismo blando
Hay una reflexión más amplia. La justicia, dijo Aristóteles en la Ética a Nicómaco, “es la más perfecta de las virtudes, porque comprende a las demás”. No se reforma como se reforma una secretaría de Estado. Se reforma con cuidado, con consenso técnico amplio, con evaluación previa de consecuencias.
Cuando se hace con prisa política y con motivación electoral, lo que produce no es justicia más cercana al pueblo: es justicia más cercana al partido en el poder. Y como dice el dicho mexicano viejo: “no es lo mismo predicar que dar trigo”.
La promesa retórica de las reformas judiciales populistas es democratizar. La consecuencia material, casi siempre, es subordinar.
La distancia entre promesa y consecuencia es donde habita la nueva forma de autoritarismo blando del siglo XXI: el que no necesita tanques porque le basta con jueces leales.
Propuesta cívica hacia el futuro
La propuesta para los próximos años es de orden cívico: documentar, comparar, recordar. Documentar cada caso en que la nueva judicatura electa decida en alineación con el partido en el gobierno. Comparar con la jurisprudencia anterior.
Recordar, en cada elección, que la independencia judicial no es un tema técnico: es la última línea de defensa del ciudadano contra la mayoría del momento. Como sentencia el refrán: “el que olvida la historia está condenado a repetirla”. Y esta historia, en América Latina, ya la hemos repetido demasiado.