El gobierno de Estados Unidos le mandó una carta a Harvard. Exigía cambios en la contratación de profesores, en las admisiones, en los programas de estudio y en la disciplina estudiantil. Pedía auditorías de “diversidad de puntos de vista”. Y amenazaba con retirar más de dos mil millones de dólares en financiamiento federal si no cumplía.
Harvard dijo que no.
Fue la primera universidad importante en decirlo. Columbia, semanas antes, había aceptado condiciones parecidas para recuperar 400 millones. Harvard eligió el pleito. Y el gobierno congeló los fondos, intentó prohibirle inscribir estudiantes extranjeros y le quitó la exención de impuestos.
Lo que está en juego
Este no es un pleito sobre Harvard. Harvard tiene 53 mil millones de dólares de patrimonio. Puede sobrevivir sin fondos federales varios años. El pleito es sobre la idea de que una universidad pueda decidir qué enseña y a quién contrata sin permiso del gobierno.
Esa idea tiene un nombre: autonomía universitaria. Y tiene una historia larga. Las universidades medievales la negociaron con reyes y papas. Las universidades latinoamericanas la conquistaron en Córdoba en 1918.
Las universidades alemanas la perdieron en 1933 cuando el régimen nazi expulsó a los profesores judíos y a los que no se alineaban.
Recordemos ese último caso. No para comparar a Trump con Hitler, que es una comparación floja. Sino para recordar que la subordinación de la universidad al poder político siempre empieza con argumentos razonables.
Combatir el antisemitismo. Garantizar la diversidad de opiniones. Proteger a los estudiantes. Nadie está en contra de eso.
El problema es quién decide qué significa cada cosa. Si lo decide el gobierno, la universidad deja de ser universidad.
El argumento de los críticos
Hay que ser justos con la otra parte. Las universidades de élite en Estados Unidos tienen problemas reales. Son carísimas. Son ideológicamente homogéneas. Hubo episodios de antisemitismo después de octubre de 2023 que las administraciones manejaron mal.
Muchos profesores se comportan como si estuvieran por encima de la crítica. Todo eso es cierto. Y nada de eso justifica que el Ejecutivo decida qué se enseña.
Hay una diferencia entre criticar a una institución y capturarla. La crítica es sana. La captura es lo que hacen los regímenes que no toleran voces independientes. Rusia lo hizo con sus universidades.
Hungría lo hizo con la Universidad Centroeuropea, que tuvo que mudarse a Viena. Turquía purgó miles de académicos después de 2016.
Cada uno de esos gobiernos tenía sus argumentos. Todos sonaban razonables en su momento. Se podía decir misa sobre la necesidad de orden, de valores, de patriotismo. El resultado fue el mismo en los tres casos.
Por qué importa fuera de Estados Unidos
Puede parecer que esto es un asunto interno de un país rico. No lo es. Harvard, para bien o para mal, es un modelo. Lo que le pase a Harvard marca el estándar de lo que se puede hacer con una universidad.
Si el gobierno estadounidense logra que Harvard se someta, todos los gobiernos del mundo tendrán un precedente. En América Latina, donde la autonomía universitaria costó sangre en 1918, en 1968 y en tantas otras fechas, ese precedente sería un retroceso de un siglo.
Y si Harvard resiste, el mensaje es el contrario: que hay instituciones que el poder político no puede comprar ni intimidar. Que la universidad, con todos sus defectos, sigue siendo uno de los pocos lugares donde se puede pensar sin pedir permiso.
Conclusión
Harvard no es una institución simpática. Es elitista, cara y a veces arrogante. Pero en este pleito tiene razón. Y tener razón contra el poder, aunque uno sea arrogante, es lo que distingue a una universidad de un ministerio.
La universidad que enseña lo que el gobierno aprueba no es universidad. Es propaganda con diplomas.